Como dice Eduardo Galeano, desde hace cinco siglos la fabulosa riqueza de Bolivia maldice a los bolivianos, que son los pobres más pobres de América del Sur.
En los siglos XVIl y XVIII la plata de Potosí enviada a España hizo posible la acumulación de capitales que convirtió a Europa en lo que Europa es. ¿Qué quedó en Bolivia? Una cantidad incontable de indios muertos por extenuación, una montaña hueca llamada “El Cerro Rico de Potosí” y unos cuantos palacios fantasmas que hoy visitan los turistas. En el siglo XIX Bolivia fue derrotada en la llamada Guerra del Pacífico y perdió su salida al mar. El vencedor oficial fue Chile, pero el auténtico beneficiado fue el empresariado británico que explotaba el salitre de los territorios conquistados, salitre que era por entonces el fertilizante necesario para alimentar las cansadas tierras de Europa. En el siglo XX, Bolivia fue el principal abastecedor de estaño en el mercado internacional. Los envases de hojalata, que dieron fama a Andy Warhol, provenían de las minas bolivianas que producían estaño y viudas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Bolivia contribuyó a la causa aliada liderada por Estados Unidos vendiendo su mineral a un precio diez veces más bajo que el bajo precio de siempre. Aunque en 1952 se inició una etapa histórica que fortaleció al Estado y éste nacionalizó las minas, el estaño se agotó en pocos años.
En el umbral del siglo XXI se descubrieron en Bolivia enormes reservas de gas natural, en un momento en que mundialmente se iniciaba la cuenta regresiva en cuanto a los recursos naturales energéticos. Aquí no son tantas las reservas como para merecer una invasión norteamericana al estilo de Iraq, pero el mercado global nunca desperdicia las oportunidades que le ofrecen los gobiernos pobres: las nuevas leyes neoliberales de los años ochenta y noventa favorecieron la formación de la corporación Pacific LNG, integrada por la empresa española Repsol, la inglesa British Gas y la estadounidense Panamerican Gas. Sin embargo, las crecientes revueltas sociales provocaron en el año 2003 que el presidente boliviano huyera a Estados Unidos y se consolidara hasta hoy la petición popular de “recuperación de los hidrocarburos para el país”.
Esta petición es unánime en los grandes movimientos sociales que hoy tienen en jaque al gobierno, aunque no todos piensan igual respecto a cómo darle un cauce concreto: unos pujan por la nacionalización total, otros por nuevos contratos obligatorios para las Transnacionales petroleras, otros por el aumento de regalías o impuestos… Este año se ha hecho público que con el actual nivel de explotación, las reservas petroleras de Argentina se acabarán en el 2012 y que con el actual nivel de ingresos por petróleo en ese país, los argentinos llegarán a aquella fecha igual de pobres que hoy. Los bolivianos no quieren que les pase lo mismo. Por eso, lo que está en juego en la Bolivia de hoy es cúal será la “renta petrolera” que realmente va a beneficiar al país.
La historia política de Bolivia, como la de la mayoría de los países latinoamericanos, es la historia de una búsqueda de identidad a partir de su independencia como colonia de España. Una historia de guerras de supervivencia fuera del país y de luchas de poder en su interior.
Cuando a comienzos del siglo XIX Bolivia se constituyó como estado independiente su territorio contaba con algo más de dos millones de Kilómetros cuadrados, unas cuatro veces el actual territorio de España. Sin embargo, ciento cincuenta años después su territorio se había reducido a la mitad, como consecuencia de las guerras que mantuvo en distintos periodos con cada uno de sus países vecinos. Perú, Brasil, Paraguay, Argentina y Chile le arrebataron al nuevo país un millón de Kilómetros cuadrados, a la vez que lo enclaustraron en el corazón de América del Sur, cortando su acceso al Pacífico al despojarlo de su territorio costero e impidiendo su salida al Atlántico a través del río Paraguay. La composición final de las fronteras bolivianas no es fruto por tanto de un proceso de confluencia cultural entre pueblos que habitan un territorio, sino el resultado de una desafortunada historia militar que fue favorecida por los intereses de sus gobernantes y su falta de inteligencia política.
Lo cierto es que hoy por hoy Bolivia se autodefine como un país pluriétnico y multicultural, con nueve millones de habitantes repartidos en 9 departamentos administrativos pero pertenecientes a 27 pueblos indígenas. Los mayoritarios son los aymaras y los quechuas, seguidos en mucha menor proporción por los guaraníes. Aunque con el paso del tiempo se ha ido dando una cierta mezcla, sin embargo cada pueblo mantiene fuertemente arraigada su identidad cultural y su idioma. Factores geográficos, de idiosincrasia y socioeconómicos acentúan hoy las diferencias:
La actual situación de ingobernabilidad que vive Bolivia es el producto combinado de muchos y diversos factores -económicos, políticos y culturales- tanto estructurales como coyunturales. Es muy fácil identificar estos factores pero muy difícil manejarlos, por eso estamos como estamos. Y por eso, aunque se lograra una salida política a la crisis del país que en estos días se está transmitiendo para todo el mundo, lo cierto es que la inestabilidad va a continuar por largos, largos años. Esto lo tenemos claro los que vivimos en Bolivia y más todavía los que vivimos en la ciudad de El Alto. Vamos a ponerle nombre a algunos de esos factores que hacen que este país sea hoy por hoy ingobernable.
Partamos por lo que todos sabemos: siempre existirán conflictos en las relaciones entre los países del Norte y el Sur, por la brecha creciente y la dependencia estructural entre las economías desarrolladas del Norte y las economías de subsistencia del Sur. Se trata de conflictos que se sufren en el Sur y se ven por la televisión en el Norte. La miseria de los países pobres es una bomba de tiempo y Bolivia es la comprobación práctica de esa profecía.
Pero además, Bolivia camina contracorriente en el actual contexto de globalización económica neoliberal. La conciencia y organización comunitaria de los pueblos del Altiplano y la miseria provocada por las políticas neoliberales de los últimos 20 años han sido una combinación explosiva. En 1982 este país cerraba un periodo dictatorial de dieciocho años y se abría con fuerza a una nueva etapa democrática. En ese momento Bolivia mantenía el triste record latinoamericano de haber vivido más golpes de estado que años de independencia, por increíble que parezca. El caso es que la nueva democracia logró desde 1985 una megacoalición de partidos políticos (MNR, ADN, MIR y NFR) que se mantuvo hasta el año 2003. Esa estabilidad política permitió impulsar transformaciones económicas profundas en clave neoliberal, a través de programas trienales de ajuste estructural firmados a partir de 1988 por el FMI (Fondo Monetario Internacional) y el BM (Banco Mundial) con la megacoalición gobernante. Junto a las promesas de un futuro económico mejor para todos, el gobierno desarrolló sobre todo desde 1994 leyes que posibilitaban la participación social de la población a partir de las Juntas Vecinales y otros organismos de base.
En El Alto, las Juntas dieron cauce actual a la histórica organización sociopolítica de los aymaras, pueblo con una marcada mentalidad comunitaria que generó una red social reivindicativa a través de la FEJUVE alteña (Federación de Juntas Vecinales de El Alto). Por otro lado, las políticas económicas de ajuste neoliberal no hicieron en esos años sino provocar despidos masivos de mineros, mayor pobreza entre los campesinos, gigantescos flujos migratorios hacia las grandes ciudades y la acumulación de la miseria en los suburbios de éstas. El descontento social ganó fuerza y fue canalizado desde el año 2000 a través de los llamados “movimientos sociales”: el MAS (Movimiento al Socialismo), partido emergente de perfil indígena; la FEJUVE alteña, cada vez más poderosa; los Sindicatos de mineros, de campesinos y de maestros, cada vez más combativos; y un sinfín de pequeños grupos radicalizados. En octubre del 2003 la presión social derivó en una represión militar por parte del gobierno, que culminó con el resultado de 80 muertos y 200 heridos en El Alto y el presidente (“Goni”) huido a Estados Unidos.
El nuevo presidente, Carlos Mesa, no era político de profesión ni pertenecía a partido alguno. Prometió que en su gobierno no habría ningún muerto por represión policial o militar y que atendería la llamada “Agenda de Octubre”, cuyas demandas apuntaban a la recuperación nacional de los Hidrocarburos y a la celebración de una Asamblea Constituyente. Año y medio después se volvió a repetir el escenario del 2003, con las mismas demandas radicalizadas y un gobierno acorralado incapaz de mantener el orden social.
Sin duda es sorprendente la influencia social y el rol público que la Iglesia Católica juega en Bolivia. No se trata sólo de un poder heredado desde una historia de privilegios o generado desde su fortaleza actual como promotor de proyectos sociales con financiamiento internacional. Se trata de que en este contexto de inestabilidad social, donde todas las instituciones están desacreditadas por la lucha de intereses, la corrupción y el desgaste de su imagen pública, sin embargo la Iglesia se mantiene como la institución más creíble y confiable. La verdad es que aquí los obispos siempre han mantenido un rostro corporativo de honradez y coherencia y una preocupación por el país en términos de justicia y paz. Así pues, el acento social y la trayectoria de confiabilidad de la Iglesia Católica, en el contexto de conflicto social e ingobernabilidad que ha marcado la vida de Bolivia en los últimos meses, han llevado a que al iniciarse el pasado mes de junio, muchos de los actores sociales le pidieran a aquélla un rol protagónico de mediación para llegar a una salida concertada de la actual crisis del país.
El desafío no es fácil: después de octubre de 2003 y tras unos meses de cierta estabilidad por su pacto con el MAS (liderado por el líder cocalero Evo Morales), el gobierno de Carlos Mesa vivió en situación de conflictos continuos y crecientes. Al formar un “gobierno sin partidos” que pretendió ser independiente del Parlamento (el cual mantiene un lastre de desprestigio por corrupción), los desencuentros y peleas entre el poder Ejecutivo y el Legislativo fueron interminables.
Por otro lado, a pesar del aparente éxito del “Referéndum del gas” realizado en julio del 2004 y la promesa de la Asamblea Constituyente para el 2005, tras las elecciones municipales de diciembre de 2004 (que dispersaron el poder de los partidos tradicionales y afirmaron en las ciudades más importantes la presencia del MAS) comenzó una nueva etapa. Evo Morales pasó de aliado a enemigo público en la relación con Carlos Mesa. Aquel logró liderar la acción mancomunada de los “movimientos sociales” del país en pro del cumplimiento radical de la “Agenda de Octubre” y presionó al gobierno a través de movilizaciones masivas en las calles durante febrero y marzo de 2005. Finalmente el Presidente ensayó la estrategia de la amenaza de renuncia: la primera vez salió fortalecido ante la opinión pública y en relación con el Parlamento; la segunda vez, una semana después, resultó perjudicado y adquirió la imagen de ser un Presidente incapaz de manejar al país. Los paros, bloqueos y marchas de los movimientos sociales en el pasado mes de mayo y junio, apuntaron a lograr sus objetivos “sí o sí” aprovechando la situación de desgobierno del país. Esta situación acabó con la dimisión de Mesa y al nombramiento constitucional de un Presidente provisional más allá de los líderes parlamentarios y la convocatoria a elecciones antes de fin de año.
Pero un tercer dinamismo ha complicado las cosas más aún: en enero el “Comité Cívico Pro-Santa Cruz” logró reunir a 300.000 personas en un cabildo abierto y declaró que la autonomía de ese departamento (empezando por la elección popular de su Prefecto) era un proceso irreversible, hiciera lo que hiciera el gobierno. Así se afirmó en el tablero nacional la llamada “Agenda de enero”, con un tinte autonómico y neoliberal impulsado por el liderazgo empresarial de los departamentos orientales, cuyo subsuelo contiene las reservas de gas…
En todo caso, aunque en este momento resultara esa “salida” constitucional, lo que va para largo es la “solución” de la crisis: Porque la miseria injusta que viven la inmensa mayoría de los bolivianos es un hecho permanente; porque la mentalidad dominante arraigada en muchos actores sociales de este país es que se obtiene más con la confrontación que con la concertación; y porque las dos “Agendas” que se reivindican (la nacionalizadora de El Alto y la neoliberal de Santa Cruz) son hoy por hoy incompatibles...
Alguien dijo que “en Bolivia siempre vamos hacia el abismo pero nunca acabamos de caer en él”. Ojalá encontremos la manera de empujar la historia en otra dirección. Desde esta esperanza, junto a tantas comunidades cristianas de Bolivia seguimos rezando y comprometiendo la vida.
Mariano Montero,
en El Alto a 7 de junio de 2005
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Boletín Nº129